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Un fallo judicial develó la desesperación del pueblo de Intag

La falta de empleo y el limitado acceso a salud y educación son temas que preocupan a quienes respaldan el proyecto minero Llurimahua.

Llegaron al Consejo de la Judicatura caminado por la calle Aurelio Mosquera Narváez. Era una marcha pacífica, pero de protesta. Así se movilizaron los habitantes de las comunidades de la zona de Intag que cuestionan el fallo de la Corte de Justicia de Imbabura que suspendió la licencia ambiental a la Enami – Codelco, que ejecutan el proyecto Llurimagua en Junín.

María Yépez, representante de la delegación de esta comunidad, en donde se desarrollan trabajos de exploración, se mostró molesta con los magistrados, por no haberlos tomado en cuenta para decidir sobre un tema que para ellos es vital importancia.

“Queremos una explicación de por qué los jueces no fueron a la comunidad, porque teníamos entendido que tenían que visitar nuestro territorio, pero no llegó ese día”, explicó. ¿Pudo ser diferente el fallo judicial si eso pasaba? María piensa que sí.

“Queremos que vean la realidad de nuestra gente, cómo vivimos, las necesidades y lo que vamos a quedarnos sin trabajo”, sostiene. Detrás de la mujer de unos 35 años está al menos un centenar de personas más. Hombres mujeres, jóvenes e incluso niños.

Enseguida más comuneros buscan a los periodistas para contar su testimonio. Las historias son parecidas. Casi todos están a punto de quedarse sin trabajo si Llurimagua no se reactiva. Para Salomé Jácome de aproximadamente unos 25 años, la minería era su pasaporte a una vida diferente; representaba una fuente de trabajo y la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. Ella es de la comunidad Cerro Pelado.

No hubo pronunciamiento 

La directora del Consejo de la Judicatura de Imbabura, María Fernando Echeverría no estuvo en su despacho para recibir a la delegación. En su reemplazo, la coordinadora, Estefanía Grijalva escuchó los pedidos de los manifestantes.

Así regresaron al valle de Intag. Una zona protegida en el cantón Cotacachi, que ha tenido que lidiar con la minería legal e ilegal durante décadas. Un litigio que hoy tiene a uno de los bandos, el de los antimineros, satisfechos con la decisión de la Corte, pero preocupado y molesto al otro sector, el de los desempleados y los que ven alejarse la posibilidad de lo que ellos consideran, una mejor calidad de vida.

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