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Suspensión de jornada laboral por crisis energética

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto N° 226 suspendiendo la jornada laboral el 18 y 19 de abril debido a la crisis energética. Ecuador enfrenta una serie de problemas en el suministro eléctrico, lo que ha llevado al Gobierno a tomar medidas drásticas.

La situación energética en Ecuador ha llegado a un punto crítico, con apagones recurrentes y problemas en el suministro eléctrico que afectan a la población y la economía del país. En respuesta a esta crisis, el presidente Daniel Noboa ha firmado el Decreto N° 226, suspendiendo la jornada laboral tanto para el sector público como para el privado los días jueves 18 y viernes 19 de abril de 2024.

Esta medida excepcional se adopta tras una serie de investigaciones que han revelado indicios de corrupción y negligencia por parte de funcionarios de alto nivel del Ministerio de Energía, incluida la exministra Andrea Arrobo. Según el comunicado emitido por la Presidencia de la República, se habrían ocultado intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético, suprimiendo advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética.

En consecuencia, se ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra 22 personas que habrían buscado perjudicar al país, afectando su desarrollo y productividad. Además, se han implementado medidas adicionales para hacer frente a la crisis, incluyendo la recuperación del 50% de la factura eléctrica del mes de abril para los hogares ecuatorianos.

Durante los días de suspensión de la jornada laboral, se llevarán a cabo mantenimientos en las plantas eléctricas, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más estable en el futuro. Los sectores estratégicos del Gobierno estarán operativos y enfocados al 100% en la tarea de resolver la crisis energética.

La situación energética en Ecuador continúa siendo un desafío importante para el Gobierno y la sociedad en su conjunto. La adopción de medidas como la suspensión de la jornada laboral y la investigación de posibles actos de corrupción son cruciales.

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