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Piden presupuesto para la Función Judicial en medio de escándalo por liberación de presuntos delincuentes

El Gobierno ha cuestionado el accionar de la función judicial e incluso presentado recursos en contra de ciertos jueces.

Mientras el Gobierno se queja por la liberación de presuntos delincuentes e incluso supuestos líderes de bandas delincuenciales con estructura a nivel nacional, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, presentó un recurso de garantía jurisdiccional de Acción de Protección contra el presidente, Guillermo Lasso, para exigir la asignación del presupuesto.

De acuerdo al funcionario esto permitirá cumplir con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia. La Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de 265,6 millones de dólares. De estos, 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.

Denuncias

Sin embargo, este recurso llega justo cuando el Gobierno ha levantado serias denuncias en contra de jueces que han dejado en libertad a presuntos delincuentes. Las críticas del régimen han sido permanentes.

El 7 de febrero, cinco jueces fueron tildados de corruptos por el presidente Lasso y denunciados a día seguido por el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.

Cabe recordar que el presidente de la Corte de Justicia Iván Saquicela salió al paso a pedir que se investiguen estos casos, pero solicitó que no se generalice.

Pero los reclamos no han parado. Incluso el 31 de marzo de 2023 hubo un pronunciamiento oficial de la SNAI por la liberación de alias ‘Gordo Luis’, quien a propósito fue recapturado en diciembre de 2022 con armas y droga en la provincia de Los Ríos.

En medio de esta polémica surge este recurso planteado por las autoridades de la Judicatura. David Guzmán Cruz, director General, explicó que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno.

Señaló que los recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, un déficit de 692 jueces a nivel nacional en todas las instancias jurisdiccionales.

Actualmente, en el país existen 1978 jueces, lo que determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, sea de 11 jueces, cifra que está por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12,8.

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