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Ordóñez y Flores enfrentarán un juicio político

Tanto a Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, como a Paola Flores, ministra de Derechos Humanos se los acusa de un supuesto incumplimiento de funciones.

La Comisión Fiscalización calificó la solicitud de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez y la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, propuesta por los legisladores Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, por incumplimiento de funciones.

El organismo parlamentario, en la víspera, no alcanzó los votos para archivar ni para calificar el proceso. Sin embargo, en la sesión de este miércoles, 1 de marzo, por pedido del legislador Roberto Cuero se procedió a la reconsideración de la temática, tras lo cual, la moción de calificar la solicitud de juicio político obtuvo cinco votos afirmativos. De inmediato, el presidente de la mesa legislativa, Fernando Villavicencio dispuso que se notifique a los funcionarios cuestionados y a los asambleístas solicitantes con el inicio del proceso y del plazo para la presentación de las respectivas pruebas de cargo y de descargo.

Como causales del juicio político, los solicitantes acusan al Secretario de Seguridad y a la Ministra de Derechos Humanos por el excesivo uso de la fuerza en el paro de junio de 2022, el femicidio cometido contra María Belén Bernal, en la Escuela Superior de Policía y la crisis carcelaria.

Caso Schlumberger

De otro lado, la comisión recibió a Luis Maigon, director de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables y al viceministro de Finanzas, Leonardo Sánchez, dentro de la investigación del denominado “Caso Schlumberger”, en referencia a contratos petroleros suscritos en los años 2014 y 2015, que afectarían los intereses del Estado ecuatoriano.

Maigon aseguró que se realizaron dos auditorías, correspondientes al año 2012, a los consorcios Libertador y Sacha, que prestan servicios para Petroecuador, en las cuales se detectaron gastos no justificados como inversiones, órdenes de trabajo posteriores a la realización de las actividades y, en uno de los casos, la falta de facturas por dos millones de dólares.

Sobre la tarifa que paga Petroecuador a estos consorcios, el funcionario dijo que son temas que se pactan en la fase precontractual y que no es de competencia del organismo de regulación y control determinar si esos valores son o no acordes con los parámetros técnicos. Aseguró que a esta entidad le corresponde auditar o controlar la ejecución de los contratos y determinar si existen hallazgos sobre el uso de los recursos públicos.

De su lado, Leonardo Sánchez explicó que los mil millones de dólares que recibió Petroamazonas, en diciembre de 2015, sobre la base del convenio de Derecho Contractual Intangible, suscrito con Schlumberger, el fisco utilizó parte de esos recursos, por 400 millones de dólares, en 2015 y 375 millones de dólares, en 2016, para atender requerimientos de la caja fiscal, como se hace regularmente cuando una empresa pública tiene un excedente de liquidez. Esos recursos se devolvieron a Petroecuador en 2016 y 2017.

Fernando Villavicencio, presidente de la mesa legislativa anunció que, tras estas últimas comparecencias, en los próximos días presentará el borrador de informe de este proceso de investigación para conocimiento del pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Fuente: Asamblea Nacional

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