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Guerra de comunicados por liberación de presunta banda de extorisionadores

El primero en reaccionar fue el presidente Guillermo Lasso, quien anunció que el Gobierno actuará legalmente contra los jueces de la causa.

La liberación de 13 personas que, según el Gobierno, integraban una presunta banda d extorsionadores, provocó un remesón en altas esferas de las funciones del Estado. Desde el Ejecutivo, fue el propio presidente Guillermo Lasso quien lanzó el primer dardo en un tuit. “…Hoy los “jueces” Jaime Romero y Marco Tamayo los liberaron. Dispuse denunciarlos por este acto que pretende dejarlos impunes. La cruzada por la seguridad prioriza a los ecuatorianos”, posteó.

Enseguida el Ministerio del Interior hizo lo propio. “No permitiremos que las mafias organizadas, en complicidad con jueces poco comprometidos con la seguridad del país ganen terreno, por ello, el Ministerio del Interior presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura contra estos operadores de la justicia”, publicó en un comunicado.

A renglón seguido la Policía Nacional también se quejó de la actuación de los jueces. Y esto vino acompañado de más pronunciamientos de organismos institucionales, gremiales, y de la ciudadanía en general.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura les frenó a raya.  “Luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra dos de los ciudadanos detenidos en el operativo, existiendo incluso visos de violación de los procedimientos, como lo revela el mismo expediente”, señala el documento oficial.

La Judicatura dejó claro que esta es la respuesta a la oleada de criterios que brotaron desde diferentes sectores. “En otro caso, las infracciones por las cuales se procesó a nueve de los detenidos por los delitos de ocultamiento de objetos robados y tenencia de armas, es improcedente la prisión preventiva por mandato legal y constitucional”, continúa el comunicado.

Finalmente señala que “en ambos casos, los jueces dispusieron que se continúe el trámite de la causa y se investigue a los responsables de las vulneraciones a los procedimientos”. El documento dejó mal parado al Gobierno, Fiscalía y Policía Nacional. “Las víctimas de infracciones penales requieren de una justicia de calidad y para ello, se necesita que los otros actores como la Policía Nacional efectúen su trabajo de manera profesional, responsable y eficiente para que los derechos de todas las víctimas sean reestablecidos”, puntualiza el documento publicado por la Judicatura.

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