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¿Errar o corregir?

Por Fausto Giraldo

De mayo del 2021 a mayo del 2023 le costó al país casi 50 millones de dólares en pagos a 137 asambleístas; 15 nacionales, 116 provinciales y del exterior, 274 asesores en los niveles 1 y 2 y 274 asistentes, en un promedio de 15 mil dólares mensuales por oficina del parlamentario. Sin contar los montos asignados para pagar asesores de 12 comisiones u otros como los servidores de planta o nombramiento. A parte de las remuneraciones, asambleístas y asesores, percibieron recursos por viáticos, pasajes aéreos y terrestres, compensación mensual por vivienda, plan de internet y se les entregó un dispositivo móvil (celular) y una Tablet.

Son veinticuatro meses que debieron dedicar su ejercicio a legislar y fiscalizar para enfrentar los efectos de la pandemia sanitaria y las consecuencias de una crisis económica que ha sumido en la pobreza a millones de ecuatorianos producto del abandono del Estado a los sectores más necesitados generando su involucramiento en el proceso degenerativo de la sociedad, llámese narco delincuencia, con expresiones altas de violencia, criminalidad, extorsión, sicariato, trata de blancas y tráfico de armas.

Durante este tiempo priorizaron y privilegiaron el interés particular antes que el general, se entramparon en una pugna interna por la dirección de la Asamblea Nacional, varios meses duraron en sacar de la presidencia a Guadalupe Llori, se enfrascaron en una pugna por el reparto del poder y el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así también montaron una “novela legislativa” denominada juicio político presidencial que concluyó con el decreto de muerte cruzada.

Poco o nada se conoce sobre la aprobación de leyes que debían beneficiar al país, de inversión económica para el desarrollo productivo que generen empleo, posibilitar oportunidades ciertas de acceso de los jóvenes a la educación superior y mejorar las prestaciones de servicios de salud y seguridad social; esto obviamente en complicidad con el gobierno de Guillermo Lasso.

La composición de la asamblea fenecida fue el resultado del voto “inconsciente” de los ecuatorianos, pues la mayoría eran legisladores de arrastre, es decir, al tiempo de votar por el candidato presidencial se estiró el bolígrafo a los candidatos a asambleístas de los partidos que estos representaban, no se consideró la trayectoria, probidad notoria, capacidad política y técnica, preparación en el manejo de la cosa pública, sino más bien la motivación fue, de forma errada, pensar que al ser integrantes del presidenciable podrían haber realizado una adecuada representación, aspecto totalmente falso que se evidencia con el 4% de confianza y credibilidad ciudadana con el que terminaron.

En agosto del 2023 nuevamente vamos a las urnas, la estrategia de la mayoría de candidatos a asambleístas provinciales es la misma que en ocasiones anteriores, apelar al voto de arrastre, principalmente de aquellos candidatos que creen que sus presidenciables tienen opción electoral; como en todo el país, en Imbabura no es la excepción, una ex asambleísta que formó parte de ese órgano de baja credibilidad, sin un aval legislativo, nuevamente se ha postulado en el marco del discurso que cobija la verde revolución ciudadana y apelará al “toto todito” sin reflexión y análisis, sin duda otros candidatos optaran por el mismo camino.

Desde luego existen mujeres y hombres de la provincia a quienes conocemos y sabemos de su valía, de su permanente accionar en la búsqueda de mejores derroteros para el Ecuador, con nombre propio y el aval de su trajinar por la vida publica de nuestro territorio, tampoco se puede poner en un mismo lugar a todos.

“Errar es de humanos, pero también es corregir el error a la hora de votar”, esta en la sapiencia ciudadana el justipreciar por quien se debe dar el voto, reflexionar en familia, en los barrios y la comunidad respecto, no solo a quien deba representarnos, sino en lo que queremos para nuestra provincia y país, dejando de lado las “agendas particulares” que buscan el acomodo personal y beneficiar a las nuevas castas de ricos que saquearon el Estado y hoy quieren volver.

 

 

 

 

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